Las grandes empresas atacan a los abogados litigantes en lugar de reconocer la culpa por la explosión de bidones de plástico de gasolina

Recientemente, algunos periodistas han condenado a los abogados litigantes por la caída de Blitz USA, fabricante de envases de plástico para gasolina. Blitz se declaró recientemente en quiebra. Las críticas han sido vertidas por un editorial del Wall Street Journal y por John Stossel en Fox News. Estos críticos denuncian que los abogados litigantes están perjudicando a la economía y provocando la pérdida de puestos de trabajo en Blitz, al no encontrar culpa alguna por parte de Blitz en causar graves quemaduras a quienes han utilizado sus recipientes de gasolina.
De hecho, el Sr. Stossel afirma que no había base para las demandas que se han interpuesto contra Blitz, a pesar de que Blitz ha llegado a acuerdos en algunas demandas por millones de dólares. Stossel explica los acuerdos como meras decisiones para evitar el coste de la defensa legal, afirmando que las víctimas de estas graves lesiones por quemaduras tomaron "decisiones estúpidas."

Esto es lo interesante. Para reducir costes, Blitz decidió no poner parallamas en sus bidones de gasolina. Un parallamas es un trozo de malla metálica que cuesta menos de 1 dólar. Es un dispositivo de seguridad que evita el retroceso de las llamas en un recipiente de combustible que puede dar lugar a una explosión repentina y disparar las llamas de la quema de gas. Dan Rather ha informado de que la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) investigó los contenedores después de que una niña de 6 años muriera al explotar uno de los recipientes de gas. Las pruebas de la ATF revelaron que los bidones de gas explotaron durante 13 de las 17 pruebas, y las llamas salieron disparadas más de metro y medio.

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En lugar de corregir sus bidones de gasolina, Blitz se ha quejado a la Cámara de Comercio de EE.UU. de las demandas judiciales derivadas de sus bidones. La American Tort Reform Association ("ATRA"), una organización de fachada multimillonaria financiada por empresas tabaqueras, aseguradoras, químicas y farmacéuticas, ha hecho suya la causa, alimentando una campaña de marketing contra los abogados litigantes.